El Gobierno nacional oficializó ayer la estatización por al menos 12 meses de la Vía Navegable Troncal Paraná-Paraguay, conocida como Hidrovía, y la Administración General de Puertos (AGP) pasará a administrarla. Así se dispuso por medio del decreto 427/2021, publicado en el Boletín Oficial. Este instrumento jurídico le otorga a la AGP la concesión para el mantenimiento del sistema de señalización y tareas de dragado de la Hidrovía, medida que tiene el aval del Consejo Federal de Hidrovía.
Por la vía navegable pasan granos, minerales y contenedoresAsimismo, la dependencia nacional deberá administrar el control hidrológico de la Vía Navegable Troncal, comprendida entre el kilómetro 1.238 del Río Paraná, punto denominado “Confluencia”, hasta la Zona de Aguas Profundas Naturales en el Río de la Plata exterior. La Hidrovía es clave para las exportaciones: comprende 3.500 kilómetros de extensión, por donde pasa el 85% del comercio exterior argentino, de acuerdo con los cálculos de distintos sectores exportadores.
Según el decreto, ese organismo “también podrá asumir la concesión de obras y la administración de las vías navegables que se le otorguen o se le encomienden, realizando los actos que le corresponda ejecutar en tal carácter”. Así, el Poder Ejecutivo puso fin a la concesión de la Hidrovía, que desde 1995 estaba en manos de las compañías belga Jan de Nul y la argentina Emepa.
El ministro de Transporte, Alexis Guerrera, había adelantado que se estaba “trabajando para asegurar el mantenimiento del servicio de la Hidrovía Paraná-Paraguay durante un año”. Ahora, con la estatización, el Poder Ejecutivo logra “tiempo suficiente para preparar una licitación grande y así garantizar la navegabilidad”, destacó Guerrera.
En ese sentido, aseguró que hay “un trabajo conjunto, desde el Consejo Federal de la Hidrovía, con la participación activa prevista de las provincias vinculadas con la vía navegable”, para diseñar la licitación. “También son parte del proceso universidades públicas, Medio Ambiente y de todas las provincias, con las que vamos a abordar de manera integral los pliegos que se pondrán a consideración para la vía navegable para los próximos 15 años”, aclaró. Por otra parte, el Gobierno evalúa la creación de un ente de control estatal de todas las vías navegables del país, con el objetivo de regular las próximas licitaciones a empresas extranjeras. Estaría bajo la órbita del Ministerio de Transporte.
Consecuencias
Como hace un poco más de un año, vuelven a encenderse las alarmas ante un posible avance del Estado en el sector privado. El año pasado fue con la empresa Vicentin, ante una amague de estatización y ahora con la hidrovía en el tramo Paraná - Paraguay que opera la empresa Hidrovía SA, recuerda a LA GACETA el economista Eduardo Robinson. El consultor realizó una serie de observaciones acerca de las consecuencias que traerá este tipo de conductas por parte del Estado:
• “Crear ese permanente clima de amenaza intervencionista en el sector privado no es adecuado para una economía que padece anemia inversora”, indica. A su entender, hace tiempo deberían haberse despejado las dudas respecto de una posible estatización de la hidrovía, porque lo que se hace es seguir dañando un maltrecho clima de negocios.
• La economía argentina está fuera del mercado de créditos internacional tiene un elevado riesgo país, producto de la enorme desconfianza que genera una economía estancada hace más de una década, tiene un 50% de pobreza, una de las inflaciones más altas del planeta. “En estas condiciones no es lo más adecuado como una señal, al menos, de cierta cordura de política económica”, puntualiza.
• Hoy en día la economía tiene una significativa dosis de incertidumbre que atenta con la atracción de inversiones productivas. “No hay un plan de estabilización consistente; tampoco una estrategia de crecimiento. Por lo tanto, lo mejor para no seguir espantando la inversión sería establecer reglas claras de operación para el sector privado”, dice.
• La consecuencia, de una posible estatización sería seguir destruyendo confianza, inversiones y, por lo tanto, generando más pobreza y agrandando un sector público paquidérmico, finaliza.
Los argentinos sabemos por experiencia propia que el Estado es un pésimo empresario, dice por su parte, Clemente Babot, economista de la Fundación Federalismo y Libertad. “Basta citar a Aerolíneas Argentinas que tiene sustanciales perdidas cubiertas por impuestos que pagan todos los argentinos”, indica a LA GACETA.
El mantenimiento de la hidrovía era realizado por una empresa de clase mundial especializada en el dragado de vías navegables. La tecnología y experiencia es fundamental para mantener el río en condiciones para la navegación, sostiene. “Esta compañía tenía un claro incentivo para cumplir con su objetivo, obtener ganancias por sus servicios”, agrega. Según el economista, el Estado no tiene experiencia ni tecnología para mantener la hidrovía navegable. “Ante esto pueden suceder dos cosas: o no se prestará un buen servicio y se perderán millones de dólares en comercio del esfuerzo de los argentinos o subcontratara a una empresa que sepa hacerlo. En cualquier caso, la solución de estatizar empeora la situación actual”, explica.
A su criterio, el Estado nacional debe centrar sus esfuerzos en gestionar las tareas que le son esenciales y no dedicarse al comercio o industria alguna. “Ya nos decía Alberdi: el gobierno no ha sido creado para hacer ganancias, sino para hacer justicia; no ha sido creado para hacerse rico, sino para ser el guardián y centinela de los derechos del hombre, el primero de los cuales es el derecho al trabajo, o bien sea la libertad de industria”, parafrasea Babot.
La pérdida de calidad de la vía navegable -puntualiza el economista- implicará un nuevo ataque a la falta de competitividad que tienen nuestro país que se suma a una larga lista. “Por esa vía salen millones de dólares de exportación y esta decisión pone en riesgo ese negocio”, remarca.